Robina, propietaria de su vivienda, vendió su casa en 1998 y compró otra más cómoda para su vejez. Entre 2006 y 2010, la familia realizó algunos trámites en la Dirección Municipal de Vivienda, por lo que esta institución detectó la compraventa realizada por Robina, catalogándola de ilegal. Por ello, el Estado decomisó la vivienda, y a finales del año 2017 la decretaron arrendataria de su propia vivienda.
Derechos abusados
- Derechos economicos y sociales
- Derecho a la propiedad
- Perpetrator
- Otros
GBQK/127