Inseguridad jurídica y vulneración de los procesos penales

El miércoles 28 de marzo, agentes de la Seguridad del Estado se presentaron para hacer un registro en la vivienda de Dámaso Antonio Fernández Canales, alegando que se poseía material subversivo. Ocuparon las fotos de Oswaldo Payá y Harold Cepero, documentos del Proyecto Varela, documentos sobre organizaciones de derechos humanos y varios libros. La víctima y su hijo, Dámaso Alberto Fernández Doimeadiós, fueron llevados a la sede de la Policía Nacional Revolucionaria. El jefe del operativo era el mayor Juan Carlos Espinosa, pero el resto de efectivos no dieron su nombre, ni un acta de los bienes ocupados. Cuando el hijo preguntó donde llevaban al padre, el mayor contestó: "Ni puedo, ni te voy a dar esa información. Estoy en la obligación de decirte cómo, dónde está y qué vamos a hacer con él después de las 72 horas." Amenazó al hijo de la víctima con quitarle el celular, pues con él mantenía contacto con la mafia anti-cubana. Amenazando además con triturarlos si participaban en la campaña para la libertad del Dr. Eduardo Cardét. Lo llevaron a la Prisión de Instrucción Provincial de Pedernales, Holguín. Lo metieron en una celda por 72 horas, sin que la familia supiese donde estaba. La víctima comenzó entonces una huelga de hambre, siédole suspendida su medicación por el médico y empezando a sufrir problemas, pese a lo que fue llevado 7 veces a interrogatorios. Finalmente se le recluyó bajo arresto domiciliario por los delitos de propaganda enemiga y difusión de noticias falsas, sin que se le aclarase su situación legal.